LEY SINDE

En relación a la dimisión de Álex de la Iglesia de la Academia de Cine española me parece muy loable la sinceridad y honestidad con la que ha actuado Alex de la Iglesia, al margen de los ríos de tinta que ha corrido. Uno tiene que ser coherente consigo mismo y su forma de actuar ha de estar en paralelo a su forma de pensar, siempre con honestidad, guste o no guste.

Resulta curioso el tratamiento que en sí se le da a esta noticia de la LEY SINDE según dónde nos encontremos en el globo terráqueo. Desde EEUU un familiar me cuenta que no paran de hablar de esta noticia, hay claros intereses de que esta Ley salga adelante y se aplique con estricto rigor en España. Teniendo en cuenta el alto porcentaje de cine americano que se consume (y se piratea) en España no es de extrañar el apuro de la superpotencia. Yo no entiendo por qué esta Ley está incluida en el paquete de leyes de rescate de la Economía española, realmente ¿afecta tanto a nuestra economía o afecta más a la de EEUU y conviene crear cortina de humo para que lo gente no vea lo que tras la escena acontece? Tal vez por decir esto en mi blog me censuren mi espacio y mi blog pase a ser leído sólo fuera de España pues, al parecer, se trata (según infiero de la información que he podido obtener) de crear una muralla digital como en China, Cuba,..., donde la información de la red que lean los españoles, en España, esté filtrada. Sí, así de radical, esto puede pasar con esta ley. Por lo que tengo entendido van a votar positivamente a esta ley el PP y CIU. En las filtraciones de Wikileaks (arduo asunto éste también que espero que algún día se esclarezca) se supo que le PP estaba de acuerdo con la línea general de la Ley Sinde pero que se opondría a ella para obtener rédito político. Que conste, no resalto esto para defender a los socialistas sino para que no olvidemos que al final da igual, para nuestra desgracia PSOE o PP, quien detenta el poder homogéneamente y sin pluridad ideológica se corrompe. Sigo creyendo en un sistema democrático ideal basado no en partidos políticos sino en posibles candidatos a gobernantes de una nación basado en un sistema de listas abiertas, con ello creo que tanta corrupción y falsedad acabaría viéndose gravemente mermada.

Esta ley desde mi óptica rompe con la división de poderes, ¿no se salta la Declaración de Derechos Humanos y la Constitución española en cuanto a libertad de expresión y división de poderes? Que alguien me explique bien argumentado si esta respuesta tiene una respuesta negativa.

Es una ley hecha bajo la presión de las multinacionales americanas, las que dominan el mundo. Ya no se trata de leyes de los gobiernos, sino de las multinacionales. Tienen tanto poder que son capaces de obligar a nuestro gobierno a sacar una ley adelante, aún a costa de mermar la trayectoria de lágrimas de sangre que ha seguido España para vivir en una Democracia. Una ley que sea capaz de privar un derecho como la libertad de expresión, la de cerrar una web sin que ni siquiera intervenga el Poder Judicial sino simples comisiones culturales asignadas con el dedo de quien impere. ¿Dónde está el mandato de respetar y desarrollar los procesos judiciales? ¿Puede una comisión cultural suplantar al Poder Judicial español, en base a qué?

Se ampara a los grandes, pero ¿y qué pasa con los artistas que no cuentan con dinero para hacerse escuchar, ver, leer y se sirven de webs para poder salir adelante y hacer su propio marketing?

Otra cuestión que no entiendo es informática: ¿Se habla de cerrar sitios? ¿De bloquear con un firewall dicho sitio para que no sea visto desde España pero desde cualquier lugar del mundo sí, ESTO NO SE LLAMA CENSURA?

¡¡NO ENTIENDO NADA!! SÓLO VEO INVOLUCIÓN POR TODOS LADOS. A ESTE PASO VA A SER VERDAD QUE EL FUTURO DE ESPAÑA (Y NO DIGAMOS YA DE MI CANARIAS AMADA) VA A SER EMIGRAR A ALEMANIA ...


Adjunto las aclaraciones que el presidente (que acaba de presentar su dimisión) de la Academia de Cine Álex de la Iglesia, dio para El País en su edición del día 26/01/2011:

- << Al parecer no todo el mundo ha entendido las razones por las que dimito. Creía que estaban claras en mi carta y mis declaraciones en twitter. Las expongo aquí. Comencé un diálogo con las partes afectadas. Busqué puntos en común y los encontré. Busqué propuestas y se me ofrecieron, y los hice llegar al gobierno y a la oposición, como era mi deber. El resultado de esos acercamientos me hizo cambiar de opinión acerca de la ley, y la redacción final del texto no me resultó satisfactoria, y así lo expresé. Sin embargo, considero que yo no puedo imponer mi forma de ver las cosas al resto de los compañeros de la profesión, y pido disculpas por ello. Hay gente en la academia y en el sector cinematográfico que está de acuerdo conmigo, y otros, obviamente, no.

Como presidente debería mantenerme al margen de valoraciones personales sobre temas tan graves como éste, y no he sabido, o no he podido hacerlo a la hora de responder con sinceridad a las preguntas que se me hacen, por lo que creo que lo más honesto es dimitir. A partir de ahora hablaré como director de cine, y será mejor para todos. Sin embargo no quiero abandonar el trabajo comenzado, y dar la impresión de dejar el puesto sin hacerme responsable de ello. Por eso no quería hacerlo antes de la gala del aniversario donde he puesto un gran esfuerzo y dedicación. Mañana me reúno con la junta directiva de la academia para valorar la situación -. >>

Según Eduardo Arcos, el 25 de enero de 2011 en Destacadas. Legal. Libertad de expresión, Políticia, Tecnología: << La Ley Sinde es el nombre informal con el que se conoce a un apartado particular de la Ley de Economía Sostenible llamado "Disposición Final Segunda", en que el Gobierno Rodríguez-Zapatero intenta enfrentar la crisis que atraviesa España actualmente. Fue propuesta en mayo de 2009.

Dicha Disposición Final Segunda consiste en una serie de cambios que afectan a:

- La Ley de Servicios de la Sociedad de la Sociedad de la Información (más conocida como LSSI).
- La Ley de Propiedad Intelectual.
- La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (que se centra en la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico).

El objetivo de modificar estas leyes es permitir que un grupo de personas dependientes del Ministerio de Cultura (una comisión cultural o comisión de propiedad intelectual), tengan la potestad de cerrar páginas web que, de acuerdo de acuerdo a su propio criterio, vulnere los derechos propiedad intelectual previa autorización de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo

Los cambios, como es de suponerse, vienen propuestos por la Ministra de Cultura, Ángeles Gonzales-Sinde, motivo por el cual se ganó el nombre de Ley Sinde.


Con las modificaciones hechas para lograr el acuerdo pactado entre los partidos PP, PSOE y CIU para hacer pasar la ley, la Ley Sinde es y funcionan de la siguiente manera:

Para que la Comisión de Propiedad Intelectual actue, debe recibir una denuncia (puede ser de particulares, cantantes, bandas, directores, como de una discográfica, estudio de cine, televisión, o sus respectivos representantes) ellos tendrán la potestad de determinar si hay falta o no; cuando determinan que sí, hay dos vías a recorrer:

El responsable de los contenidos que supuestamente vulneran la propiedad intelectual o aquellos que hospedan el contenido o aquel proveedor de acceso al que está conectado un servidor que hospeda los contenidos, inclusive quien los publicó tiene 48 horas para que, voluntariamente, retire el contenido en cuestión. Esto se hace por medio de una petición en la que no intercede ningún organismo jurídico. En caso de no retirarse ocurre lo siguiente:

Plazo de 2 días para que se presenten las pruebas del lado de quien demanda y del lado de quien es demandado, que se niega a retirar el contenido.
Plazo de 5 días para presentar las conclusiones de las pruebas introducidas por las partes.
La Comisión de Propiedad Intelectual tiene un plazo de 3 días para dictar resolución.
Tal resolución se presenta nuevamente a un juez quien la autoriza o no. Pero este juez no participa en el proceso mismo de determinación de culpabilidad (o no), simplemente ratifica o niega la conclusión.

Acudir a un juez para obtener una orden judicial por medio de la cual se piden los datos de aquel o aquellos que cometen la infracción al proveedor de servicios (generalmente será una empresa de hosting que opere dentro de España) y para que se retire el contenido que vulnera los derechos de propiedad intelectual (el Copyright, pues). Los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo tienen apenas 24 horas para autorizar o no. (como se explica en el inciso 7 del documento de acuerdo entre los partidos). El juez puede negarse si afecta al Artículo 18 apartados 1 y 3 de la Constitución Española. (No olvidemos que la primera versión de la Ley Sinde que se dio a conocer a finales de 2009 permitía este proceso sin la necesidad de intervención de un juez)

Los problemas de la Ley Sinde
Aunque un juez intervienga en varios puntos del proceso de actuación de la Comisión de Propiedad Intelectual, es justamente ese el primer y mayor problema: la denuncia y el propio hecho de determinar si hay falta se hace por una vía administrativa (es decir, un organismo del gobierno) y no por la vía judicial (es decir, una decisión hecha en juzgado, por jueces). ¿Por qué es este el mayor problema?:

Porque se vulnera un derecho y liberatad fundamental en España: la libertad de expresión. Que un organismo administrativo designado por un Ministerio (en este caso, el de Cultura) formado por personas que no conocemos, con facultades que desconocemos, se les otorgue tal poder y tal responsabilidad no solo es una falta de respeto a la ciudadanía, es darle una bofetada al sistema jurídico español.

Porque la actuación del juez en todo el proceso se limita al derecho de autorizar o no aquello que la comisión determinó. El juez no se ve involucrado ni tiene voz durante el desarrollo del proceso mismo. Por definición, la ausencia judicial en el proceso no garantiza que las decisiones de la comisión sean justas.

El segundo gran problema de la Ley Sinde es su origen. En diciembre se reveló por medio de las filtraciones de Wikileaks que la Disposición Final Segunda se gestó y redactó a partir de fuertes presiones de lobbys estadounidenses representantes de las industrias audiovisuales (es decir, los estudios y las discográficas). Toda la ley está “manchada” de las intervenciones de estas grandes empresas, al defender a toda costa sus intereses y arrastrar los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles.

El tercer gran problema de la Ley Sinde es su tremenda falta de claridad con respecto a sus límites. Gran parte de la discusión (para bien y para mal) se ha centrado en la necesidad de regulaciones que impidan que, por medio del internet, algunas personas se lucren con el trabajo ajeno. El problema es que no es claro qué se penalizará y qué no. Aún más grave es que no necesariamente se tiene que probar el daño, sino que hay una posibilidad de causar daño (la existencia de enlaces a contenido con Copyright, por ejemplo).

El cuarto gran problema es la existencia de un blacklist o una lista negra controlada por la Comisión de la Propiedad Intelectual. En caso que los contenidos “infractores” no se encuentren dentro de España (ya sea que la empresa de hosting sea extranjera, o los servidores están en otro país o la persona en cuestión no viva en España) entonces podrán pedir que el IP o el dominio en cuestión sea bloqueado.

No creo que sea necesario explicar los peligros que la lista negra de sitios y direcciones IP que no pueden ser accedidos mientras estás dentro de España esté en control de unas cuantas personas. Esto es una muralla digital China en potencia.

Las acciones, las protestas
Al conocerse la existencia de la Disposición Final Segunda y sus intenciones por parte del Ministerio de Cultura y su ministra Ángeles González-Sinde, un gran grupo de personas nos pusimos de acuerdo y lanzamos, el 2 de diciembre de 2009, a las 9 de la mañana un Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet. Aquel manifiesto fue publicada en miles de webs y fue leída por millones de personas. Causando un impacto real en la sociedad de entendimiento de los peligros de la aprobación de estas medidas.

A partir de esa fecha y hasta el día de hoy se ha mantenido una larguísima discusión de todo tipo de temas relacionados con la propiedad intelectual, con las medidas que se deben tomar o no. Una cosa es clara: la Ley Sinde existe porque el proceso judicial español simplemente no ha dado la razón a la industria audiovisual cuando intentan demandar a personas por simplemente enlazar contenido. ¿Solución? saltarse por completo el proceso y entregárselo a una comisión designada por un ministerio presidido por una persona que tiene fuertes lazos con la industria.

El pasado 21 de diciembre el gobierno español intentó pasar la ley por un proceso express que al final falló. Ayer, después de intensas negociaciones entre el PP y el PSOE, unas ligeras modificaciones a la Disposición Final Segunda, se comunicó que votarán a favor de su aprobación en el senado. Así estamos hoy.

Algunos pedimos la dimisión de la Ministra de Cultura, otros renuncian a su cargo, otros lo apoyan, pero lo más importante, hoy, es hacerle saber a quienes nos gobiernan que no estamos de acuerdo con lo que nos están haciendo. ¿Cómo? en las urnas. La perdida de voto es como realmente los políticos se sienten afectados y es donde debemos de actuar como sociedad responsable que somos. >>


En Los Gigantes, a viernes 28 de enero de 2011.

ANA NAYRA GORRÍN NAVARRO.